Se encuentra usted aquí

En 2013 finaliza el plazo para cumplir con la Ley de Morosidad

Legalidad

En 2013 finaliza el periodo transitorio establecido en la Ley de Morosidad, Ley 15/2010, para adecuar los pagos a proveedores a los plazos en ella establecidos. A raíz de la entrada en vigor de la Ley se iniciaba un periodo durante el cual las empresas debían ir reduciendo los plazos de pago, desde lo 85 días fijados para 2010 y 2011, 75 en 2012 y 60 en 2013. Por lo tanto, a partir del 1 de enero cualquier empresa privada deberá cumplir con sus pagos en 60 días.

Como excepción, las empresas del sector de la alimentación y los productos perecederos que deberán pagar en 30 días en todos los casos. En lo referente a las administraciones públicas, se fija el plazo final de 30 días para atender sus obligaciones de pagos.

El cómputo del plazo será a partir de la entrega de bienes o de la prestación del servicio, independientemente de la posibilidad de que el cliente reciba la factura antes que los bienes. Los proveedores deberán hacer llegar la factura a sus clientes antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o prestación de los servicios.

La Ley de Morosidad es aplicable a las operaciones comerciales realizadas entre empresas o entre empresa y la Administración, así como las que se producen entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.

Quedan fuera del ámbito de aplicación:

  • Los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores.
  • Los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades aseguradoras.
  • Las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor, que se regirán por lo establecido en su legislación especial.

En el promedio de las empresas de nuestro país, el cumplimiento de esta Ley está muy lejos de ser efectivo. La falta de crédito bancario hace imposible que la pequeña y mediana empresa pueda cumplir con unos objetivos que se presentan ambiciosos teniendo en cuenta los problemas actuales de liquidez. Sobran palabras en lo referente a la Administración Pública. Quizá por ello el legislador no ha previsto un régimen sancionador más allá de los intereses de demora, que por otro lado no siempre se aplican.

En BBVA con tu empresa |Los efectos de la Ley contra la Morosidad en los plazos de pago de los proveedores Imagen | liewcf