Las deudas de los Ayuntamientos con sus proveedores, nuevo procedimiento de pago

Pymes | 07/03/2012

Ante el el problema generado por la morosidad de las Administraciones locales, el Gobierno ha definido un procedimiento de pago de deudas a los proveedores de los Ayuntamientos con el que se pretende saldar las facturas impagadas acumuladas hasta 2011. Este sistema, que se pone en marcha este mes de marzo, se refuerza con el préstamo sindicado de 35.000 millones de euros que el Ejecutivo acaba de suscribir con un grupo de entidades de crédito y que se utilizará para el abono de aquellas cantidades que los Ayuntamientos adeudaban a 31 de diciembre de 2011 a las empresas que les dan suministros o les prestan servicios.

Hay que destacar que estos pagos sólo se harán efectivos en los casos de los proveedores de las Administraciones Locales y que no se incluye, por tanto, a las empresas que tienen facturas pendientes de pago de las Comunidades Autónomas. La primera parte de este procedimiento tiene como fecha límite el 15 de marzo, momento en el cual los ayuntamientos habrán tenido que enviar un informe con las facturas que tienen pendientes de abonar y que hayan sido emitidas antes del 1 de enero de 2012. Posteriormente, a día 31 de marzo de 2012, esos mismos ayuntamientos habrán de enviar a la Comisión que se encarga de este procedimiento un informe en el que deberán indicar los planes de ajuste que se pondrán en marcha para hacer frente a la amortización de la parte de este crédito que les corresponda, teniendo en cuenta que el plazo de devolución se fija en diez años y que podrán solicitar un periodo de carencia de dos años. El Gobierno ha manifestado que su intención es saldar todas las deudas acumuladas, pero dará prioridad al pago de aquellas en las que el acreedor de la Administración renuncie a una parte de las cantidades pendientes. Así mismo las empresas habrán que renunciar al cobro de los intereses de demora que la Ley contra la Morosidad establece para estos casos. Está claro que este sistema puede acabar con los problemas de liquidez de muchas empresas. La cuestión es si es ético que el Gobierno favorezca a los que estén dispuestos a perdonar parte de esas deudas. Por supuesto la decisión queda a criterio de la empresa, que si no está de acuerdo con este procedimiento siempre podrá seguir los cauces que había hasta ahora para cobrar el total de la deuda y los intereses de demora. Imagen | gonmi


ctawf1_post_step1b